La primera presidenta electa por voto popular no mencionó una sola vez la palabra “mujer” en su mensaje a la nación de toma de mando. Mientras las palabras predominantes en su alocución fueron “Estado”, “Perú, peruanos” y “crimen, delito y seguridad”, “mujeres” y “niñas” quedaron relegadas por completo.
Su única mención a la agenda de género se limitó a una promesa: “Lanzaremos un programa multisectorial para el desarrollo integral del adolescente con el principal objetivo de prevenir el embarazo”. ¿Alcanza con eso?
“Ha mencionado reducción del embarazo adolescente, pero sin decir educación ni prevención de la violencia sexual. No son olvidos: son decisiones políticas. Esto deja claro que las mujeres no están en la agenda de la presidenta”, expresó la directora de PROMSEX, Susana Chávez, en X.
Tampoco estuvo en su agenda la epidemia de violaciones sexuales a niñas awajún y wampís en Condorcanqui. El pasado 20 de julio, la lideresa amazónica Rosemary Pioc Tena reportó que una niña de seis años fue violada sistemáticamente por su padrastro. La comunidad lo atrapó y quiso entregarlo a la policía, pero los efectivos de Santa María de Nieva alegaron que no contaban con los recursos para llegar hasta Patam Entsa, en el Cenepa. Sin logística ni presencia estatal que respalde el traslado, los ronderos terminaron soltando al agresor.
No es una eventualidad. Según un análisis de Ojo Público sobre reportes del INPE, más de 24 mil personas están recluidas en las cárceles del Perú por violación sexual, tocamientos indebidos, agresiones contra la mujer o el grupo familiar y feminicidio: es la segunda mayor población penal del país, solo detrás de los delitos patrimoniales como robo, hurto y extorsión. Y cada año, según cifras del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) cerca de 260 niñas, obligadas a matrimonios tempranos, se convierten en madres.
¿Se puede considerar que una mujer representa a las mujeres solo por serlo? “No basta con el cuerpo, si no hay conciencia de género”, tuiteó Josefina Miró-Quesada Gayoso, abogada y coautora del libro Ser mujer en el Perú.
Un gabinete sin paridad ni experiencia
Solo dos de 19 carteras ministeriales son lideradas por mujeres en el gobierno de la primera mujer elegida por voto popular en el Perú. Ellas son Mara Seminario Marón, a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), y Maritza Canales Martínez, en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS).
Seminario Marón es hermana de la periodista y conductora de Canal N, Diana Seminario, cercana al Opus Dei e integrante del área de prensa del Arzobispado de Lima durante la gestión del cardenal Juan Luis Cipriani —denunciado y exiliado por abuso sexual—. Seminario Marón fue ministra de Comercio Exterior durante el régimen de facto de Manuel Merino, viceministra de Turismo en el segundo gobierno de Alan García, directora de Promoción de Turismo de Promperú entre 2007 y 2009, y gerente general de la Fundación Romero, del grupo empresarial del mismo nombre.
Lo que no tiene la flamante ministra de la Mujer es trayectoria en derechos de las mujeres ni en prevención de la violencia de género. Tampoco registra formación académica en la materia.
En el MIDIS asumió la ingeniera alimentaria Maritza Canales Martínez. Sobre sus hombros recaerá uno de los principales anuncios de la presidenta: el relanzamiento del PRONAA, el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria. “Para garantizar que los estudiantes de los colegios públicos reciban una alimentación nutritiva y de calidad”, dijo Fujimori en su discurso.
El historial del PRONAA dista mucho de ese objetivo. El programa, creado en el régimen de Fujimori padre, fue extinguido en 2012 por el MIDIS tras acumular más de 20 procesos abiertos por corrupción y una tragedia nacional en Cajamarca, donde tres menores de edad del caserío Redondo murieron y 68 resultaron intoxicados tras consumir los alimentos que enviaba el Estado a las infancias más pobres del Perú.
Según el propio portal del ministerio, Canales, ex asesora parlamentaria, no registra experiencia directa en la gestión de programas de alimentación escolar a gran escala.
La promesa del ‘orden’
El Perú atraviesa una severa crisis de criminalidad. Para 2025, la tasa de homicidios escaló a un récord histórico de 10,7 por cada cien mil habitantes, un promedio de un crimen de sangre cada cuatro horas.
“Vamos a recuperar cada barrio, cada carretera y cada espacio público”, dijo Fujimori. “Durante los estados de emergencia, las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad (...) Nuestra prioridad será fortalecer integralmente a nuestra gloriosa Policía Nacional”.
Pero el estudio La normalización de la excepción: Estados de Emergencia en el Perú (2000–2024), de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUCP, revela que en ese periodo de tiempo se declararon 610 estados de emergencia en el Perú: un promedio de dos por mes. La investigación concluye que esta medida “ya no responde a crisis puntuales”, sino que se usa como “un mecanismo permanente de control interno, con restricciones a derechos fundamentales”.
Especialistas aseguran que se trata de un “gesto simbólico de que se gobierna”, pero que en realidad sirve para reprimir protestas y manifestaciones. También advierten que incorporar a las Fuerzas Armadas plantea un riesgo, ya que, a diferencia de la Policía Nacional, están formadas para un escenario bélico, no para tratar cotidianamente con la ciudadanía.
La semana pasada se reportaron dos casos que golpean la imagen de ambas instituciones: un niño de ocho años murió luego de que al suboficial Luis Nazario Chumbes se le escapara un disparo durante una intervención policial en Huacho, y dos soldados del Batallón de Infantería de Selva N.° 32 irrumpieron de noche y sin autorización en una residencia estudiantil de Condorcanqui donde abusaron de dos adolescentes mediante tocamientos indebidos mientras dormían. La Corte Superior de Amazonas ya ordenó su separación preventiva de la base militar.
El Poder Judicial investiga ambos casos, pero las medidas podrían caer en saco roto. Gracias a la Ley 32735, impulsada por el ahora expresidente del Congreso Fernando Rospigliosi, los uniformados podrán ser procesados en el “Fuero Militar-Policial”, juzgándose entre ellos mismos bajo la excusa de haber actuado en ejercicio de su deber.
Para el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera Paz, esta norma es una evidente vulneración constitucional: “El fuero militar tiene como competencia la investigación y el juzgamiento de delitos de función. Matar civiles no es parte de la función militar”, sentenció en una entrevista con Exitosa.
Los fujitrolls y personajes ‘reciclados’ ahora son ministros
El círculo de poder de la mandataria se cerró con figuras que, paradójicamente, fueron feroces críticos del fujimorismo.
Luis Galarreta, hoy titular del Gabinete, declaró en el programa Prensa Libre de Rosa María Palacios en 2011: “Definitivamente la experiencia del régimen fujimorista fue una experiencia nefasta en materia de institucionalidad, de derechos humanos, de corrupción”.
Luis Galarreta, actual presidente del Consejo de Ministros, en una entrevista para el Programa Prensa Libre de la periodista Rosa María Palacios. (Fuente: CiberVideos)
Juan Sheput, actual ministro de Trabajo —y quien ocupó el mismo cargo bajo el régimen de Merino—, publicó años atrás: “Keiko Fujimori pudo tener licencia de maternidad, pero miles de mujeres esterilizadas salvajemente por el gobierno de su padre jamás la tendrán”.
Alberto Beingolea, expresidente del PPC y periodista deportivo, señaló en una entrevista para TV Perú en 2017: “El fujimorismo destruyó moralmente todas las instituciones de la República”. Hoy es ministro de Cultura.
Minuto: 8:44. El ahora ministro de Cultura, Alberto Beingolea critica al fujimorismo durante una entrevista en TV Perú. (Fuente: TV Perú Noticias)
El gabinete lo completan rostros reciclados como Rafael Rey, exministro de Defensa del APRA que en 2017 encabezó la convocatoria a una marcha de “Con mis hijos no te metas”. Fujimori lo ha designado como titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Al mando de Educación volvió el rector vitalicio de la Universidad de San Martín de Porres (USMP), José Antonio Chang, quien dejó el ministerio en 2011, en el segundo gobierno de García. Se lo recuerda por el escándalo de las OLPC (One Laptop Per Child), en el que el Estado hizo una compra millonaria de 220 millones de dólares en laptops de plástico verde que prometían costar cien dólares y terminaron arrumadas en escuelas rurales sin electricidad ni acceso a internet. Dos años después, Jaime Saavedra asumió el cargo, reformó la cartera y fue censurado por el fujimorismo. Esta semana, el propio Chang le dio el título de Doctor Honoris Causa al presidente de Argentina, Javier Milei, quien en su discurso dijo: “La izquierda es lo peor que existe en la tierra”.
La USMP, además, es la universidad del propio premier Luis Galarreta: obtuvo el bachillerato en Derecho en 2006, pero recién sustentó su tesis para el título de abogado el 21 de julio de 2026, una semana antes de asumir como jefe del Gabinete. Esta casa de estudios fue sancionada por la SUNEDU —antes de que fuera decapitada por el pacto— con ocho multas por un total de S/.8,614.928, por haber destinado S/.293,726.216 a sus empresas vinculadas en desmedro de los intereses de la universidad.
En el mismo círculo está Ernesto Álvarez Miranda, ahora ministro de Justicia. Álvarez Miranda es decano de la Facultad de Derecho de la USMP, expremier del expresidente denunciado por violación sexual José Jerí, y él mismo también denunciado por violación y secuestro, cargos que él niega. Además, se desempeña como conferencista de la Escuela Naranja de Fuerza Popular y tiene una denuncia constitucional en su contra por la muerte de Mauricio Ruiz, el rapero conocido como “Truco”, durante la represión a las protestas contra el expresidente Jerí. Pese a estos antecedentes, su primera acción al asumir como el titular que debe velar por los derechos humanos en el Perú fue pedir licencia para vacacionar en Francia hasta el 5 de agosto, según reveló La Encerrona.
La cereza del pastel recae en Mauricio Arnillas, flamante titular de Vivienda. Según informó Infobae, Arnillas tiene dos antecedentes judiciales de 1997, ambos ya cumplidos: uno por lesiones culposas, que le costó una pena suspendida de un año, y otro por abandono de personas, que terminó en absolución. Ambos se originaron en un accidente de moto que tuvo a los 26 años, cuando —según explicó él mismo en 2022— se desentendió del caso porque estaba “ocupado en sus negocios”.
No es su único antecedente incómodo. A mediados de 2023, cuando aún no era ministro, Arnillas denigró en X a una mujer aimara agredida por la PNP durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, luego de que la arrojaran por las escaleras de un monumento en la plaza San Martín, según informó Infobae. “Conozco bien a las aymaras. Ellas no saben actuar. La de la foto lleva un muñeco en su espalda. Es una asalariada para hacer desmanes”, escribió, difundiendo la versión falsa de que la manifestante ocultaba un muñeco en su lliclla —cuando en realidad se trataba de tullmas, los adornos tradicionales de lana del atuendo aimara—.
Antes de juramentar borró su cuenta de X, pero internet no olvida: en su perfil aparecen tuits suyos insultando a opositores, llamándolos “zurdo de mierda” o “caca comunista”. EpicentroTV también destapó que Arnillas difundió la noticia falsa de que las 19 personas asesinadas en Juliaca durante las protestas contra Boluarte no eran peruanas, sino “ciudadanos venezolanos y bolivianos”.
¿Reconciliación sin perdón?
Apenas empezaba su discurso, Fujimori fue interrumpida: congresistas de la oposición se levantaron de sus curules gritando “justicia para las víctimas” y sosteniendo fotografías de las víctimas del régimen de Dina Boluarte.
Afuera, a pocas cuadras de Palacio, la calle compartía esa misma indignación: cientos de manifestantes alzaron la voz contra su asunción como mandataria. Cargaban la memoria de sus seres queridos asesinados en protestas, de los desaparecidos durante la dictadura de Alberto Fujimori, de las mujeres indígenas y pobres sometidas a esterilizaciones forzadas.
“Estoy empeñada en lograr los objetivos de orden y de reconciliación nacional, términos perfectamente compatibles. Los verdaderos enemigos son los grandes y graves problemas del Perú”, dijo la presidenta al país.
La retórica del olvido no es nueva en el fujimorismo. En 2018, cuando un Tribunal Constitucional afín le otorgó el indulto a Alberto Fujimori, también se exigió a las víctimas que era “momento de olvidar”. ¿Es posible la reconciliación sin rendición de cuentas?
“No se puede otorgar perdón a quien no ha reconocido los hechos ni lo ha solicitado”, advirtió entonces la abogada y ex comisionada de la CIDH, Julissa Mantilla. El escenario no ha cambiado.
“Nos esperan 1.826 días de gestión”, mencionó Fujimori su discurso. Con un gabinete blindado y las leyes a su medida, ya podemos darnos una idea de cómo se van a desarrollar.
Es que de verdad, entiendo el apoyo que esté monstruo recibió por parte del injerencismo gringo, pero ¿Acaso los peruanos que lucharon contra Dina Boluarte no fueron tantos como para que Fujimori la bruja no llegara al poder? Es horrible lo que acabo de leer, no es posible que los peruanos lo toleren.
Por qué es de derecha!!! No hay ninguna sorpresa!!!!